El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula el macroproyecto logístico Alma Meco por su alto valor agrícola en el Corredor del Henares
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado recientemente el macroproyecto industrial y logístico Alma Meco, proyectado en el municipio de Meco. Esta decisión judicial atiende al recurso de las asociaciones Ecología y Libertad y SOS Rural para proteger 256 hectáreas de cultivo de cereal en el Corredor del Henares. La sentencia invalida la clasificación de estos terrenos como urbanizables, deteniendo un desarrollo clave en la zona de transporte a lo largo de la autovía A-2 que conecta directamente la capital de España con Zaragoza, Barcelona y Francia.
Un suelo agrícola de máxima calidad protegido por ley
El tribunal madrileño subraya que estos terrenos pertenecen a la clase agrológica más alta de la región. Por este motivo, la legislación autonómica exige clasificarlos como suelo no urbanizable de especial protección.
Como consecuencia, la justicia anula la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Meco aprobada en el año 2009. Aquella normativa municipal había catalogado este espacio agrícola como suelo urbanizable sectorizado.
El impacto de la anulación del desarrollo industrial
La iniciativa Alma Meco pretendía consolidarse como uno de los centros logísticos más grandes de España. En total, el proyecto abarcaba una superficie de 2,5 millones de metros cuadrados y estimaba generar unos 5.000 empleos directos.
Además, contemplaba parcelas industriales de gran tamaño y una inversión próxima a los 1.000 millones de euros. La cadena de supermercados Mercadona figuraba como el principal inquilino para implantar allí su segundo centro de distribución en la Comunidad de Madrid.
La importancia medioambiental del espacio protegido
Los magistrados del tribunal han incidido en la necesidad de conservar estas parcelas productivas. Por ello, han calificado estos terrenos como un recurso totalmente irremplazable para la región madrileña.
“La mayor amenaza que pesa sobre las tierras de la Comunidad de Madrid es el paso de elemento productivo a elemento inerte, es decir, mero soporte físico de una actividad no agraria, como es urbana, industrial o viaria”
Por otra parte, el sector industrial planteado coincidía con el Área de Importancia para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA) número 74. Este espacio de gran biodiversidad se extiende por 52.000 hectáreas entre las provincias de Madrid y Guadalajara.
La zona protegida acoge áreas de especial conservación y ecosistemas esteparios ligados a los cultivos de cereal. Sin embargo, los promotores no evaluaron correctamente el impacto del proyecto sobre este entorno natural en su declaración ambiental.
Un precedente judicial relevante para el sector agrícola
“Ha dejado por escrito algo importantísimo: los suelos agrícolas de alto valor productivo deben ser protegidos por su valor agrícola. Esto sienta un precedente judicial muy importante. Esta sentencia nos da más herramientas, más argumentos y más fuerzas para seguir peleando en otros frentes. Porque no estamos hablando solo de hectáreas de un expediente. Hablamos de alimento, biodiversidad, paisaje, pueblos vivos y soberanía alimentaria”
— Natalia Corbalán, portavoz de SOS Rural