El Supremo confirma el desmantelamiento de la estación de esquí de Navacerrada en Castilla y León
El Tribunal Supremo ha confirmado el desmantelamiento de la estación de esquí de Navacerrada, en el Puerto de Navacerrada, al rechazar los recursos presentados contra el fallo previo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
La decisión afecta a la Junta de Castilla y León y a la sociedad Puerto de Navacerrada-Estación de Esquí S.A., que deberán asumir además las costas procesales en los términos fijados por el tribunal.
Qué ha resuelto el Tribunal Supremo
La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha inadmitido los recursos al considerar que no cumplían los requisitos legales para justificar un interés casacional.
Según el tribunal, los escritos presentaban deficiencias en su fundamentación. Por tanto, el Supremo ratifica la sentencia dictada en 2024 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Aquel fallo declaraba caducada la concesión y obligaba a la «restauración de la realidad física alterada».
Además, el alto tribunal ha impuesto las costas procesales a la administración autonómica y a la sociedad Puerto de Navacerrada-Estación de Esquí S.A.
Qué implica la decisión para la estación
La resolución judicial cierra la vía ordinaria en este conflicto.
En consecuencia, la Junta de Castilla y León deberá iniciar los trámites para ejecutar el desmantelamiento de los remontes y de otras infraestructuras vinculadas a la actividad.
Ese proceso afecta a las tres pistas principales, Telégrafo, Escaparate y El Bosque, cuya concesión no fue renovada.
También supone la retirada de pilonas, cables y construcciones para devolver el espacio a su estado natural original, según recoge la resolución previa ratificada ahora.
El origen del conflicto en el Pinar de Valsaín
La disputa se remonta a 2021, cuando el Organismo Autónomo Parques Nacionales, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, decidió no renovar la concesión.
El organismo alegó motivos ambientales y el impacto del cambio climático.
Después, la empresa explotadora y la Junta de Castilla y León intentaron prorrogar la actividad.
Entre sus argumentos, plantearon incluso los efectos de la pandemia sobre los plazos administrativos.
Sin embargo, la justicia ha mantenido que la administración regional era la competente para declarar la caducidad y ejecutar el desmantelamiento en el Pinar de Valsaín.
Qué pasa a partir de ahora
Tras esta decisión, ya no sigue abierta la vía judicial ordinaria sobre este asunto.
Ahora, por tanto, corresponde a la Junta poner en marcha los procedimientos necesarios para retirar las infraestructuras afectadas.
El caso pone fin a un proceso abierto desde hace varios años sobre el futuro de la estación en Navacerrada.
La resolución confirma, además, que la obligación pendiente no es reactivar la explotación, sino restaurar el entorno donde se asentaban esas instalaciones.